La semana pasada el gobierno provincial actualizó los protocolos que indican qué acciones adoptar ante la aparición de alumnos o personal educativo con síntomas compatibles con COVID.

El documento apócrifo incluye el nombre de funcionarios, concejales y periodistas. El Municipio radicó una denuncia penal por “falsificación de instrumentos públicos, firmas y sellos”.

Fue en Villa Rosa, donde en una casa ubicada sobre la calle Caamaño se constató la presencia de 700 personas. Ese tipo de eventos están prohibidos en el marco del distanciamiento social por la pandemia del coronavirus. Organizadores podrían afrontar multas de hasta 3 millones y medio de pesos.

Cada día se desarrollarán en una localidad diferente. Buscan estar cerca de las mujeres en los barrios y brindar información clave para saber cómo actuar ante casos de violencia. Salud, Cultura, Trabajo y Educación también serán temas a abordar en los encuentros.

Tres malvivientes intentaron asaltar a un matrimonio de jubilados en Presidente Derqui. Un efectivo policial se percató del hecho y se enfrentó con los sujetos. Dos de ellos siguen internados.

Con la implementación de los protocolos, la capacidad de cada una será del 30%. Se habilitarán aquellas destinadas a las películas 2D. Fomentarán la compra de entradas online con promociones. Será obligatorio el uso de tapabocas.

Fue en la localidad de Del Viso. Allí, el intendente y el Ministro de Educación visitaron las aulas móviles donde se desarrollan talleres introductorios a oficios de las ramas de gastronomía, construcción y mecánica. A la propuesta se sumaron las Escuelas Municipales.

Visitó junto a un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en Seguridad, a habitantes de un barrio de Villa Rosa. Plantearon propuestas y remarcaron la responsabilidad de la policía, la justicia y el Municipio ante el avance del delito.

Los acusados son dos venezolanos de 20 y 17 años. Habían cometido un ilícito en Palmas del Pilar. La policía les halló el dispositivo, varios teléfonos, un rompe cristales entre otros elementos de interés para la causa.

El proyecto fue presentado en octubre del año pasado, pero no fue tratado en su momento. En rigor, se trata de una iniciativa que el edil propone desde 2013. Apunta que comercios, empresas, sindicatos, organizaciones intermedias analicen y propongan medidas de lucha contra el delito.

La medida también alcanza a EDESUR, e implica una multa de 55 millones de pesos, por no darle respuesta a casi 7 mil reclamos de clientes de ambas prestatarias. En Pilar, el cobro de "recupero de energía" se había traducido en boletas de hasta 220 mil pesos.