La iniciativa, impulsada por el gobernador Axel Kicillof, dispone la extinción de deudas del Impuesto Inmobiliario, incluyendo intereses y multas, generadas entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.
Lo anunció el gobernador Axel Kicillof, para los períodos que van de marzo 2020 a septiembre 2021. Quienes hayan pagado, recibirán crédito fiscal. Apuntan a reactivar el sector.
Se trata de relevamientos realizados desde fines de 2019, donde se encontraron en el distrito más de 580 mil metros cuadrados en urbanizaciones cerradas sin declarar, por lo que no tributan el impuesto inmobiliario.
El programa, que entró en vigencia a partir de este lunes, permitirá regularizar deudas vencidas en 2021 de los impuestos sobres los Ingresos Brutos, Automotores e Inmobiliario Básico, tanto en planta urbana edificada como rural.
La Agencia de Recaudación bonaerense dejará de aplicar retenciones de Ingresos Brutos, suspenderá embargos e implementará un plan de pagos especial para los sectores más perjudicados por las restricciones.
Alcanzará a 206 actividades que fueron perjudicadas por la pandemia del coronavirus, por operaciones devengadas entre julio y diciembre del año pasado.
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informó que hay 37.000 embarcaciones radicadas, pero un 70% de los propietarios evade impuestos. Habrá controles en Pilar.
Se trata de operativos que se desarrollarán durante enero y la primera mitad de febrero. Agentes harán controles de mercadería en tránsito, notificarán deuda de automotores y otros tributos. También apuntarán a detectar construcciones no declaradas.
Se trata de una urbanización compuesta por 13 barrios cerrados, donde se encontraron más de 400 viviendas que no tributaban al fisco. En toda la provincia, la evasión alcanza a más de 600 mil metros cuadrados.
Se trata de urbanizaciones que habían sido intimadas para que regularicen su situación fiscal, ya que no figuran como barrios cerrados, sino en muchos casos como terrenos baldíos o rurales.
El titular de ARBA, Cristian Girard, explicó que se estima que la provincia de Buenos Aires deja de percibir unos $1500 millones por las irregularidades en los registros de estos barrios.
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