Proponen multas para padres de alumnos que hagan amenazas en escuelas
Un proyecto bonaerense busca cobrarles a los padres los costos de cada operativo policial desplegado.
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Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense propone que los padres de los alumnos que realicen falsas amenazas contra escuelas —desde anuncios de matanzas hasta alertas de bomba— paguen los costos de los operativos policiales desplegados. La iniciativa es del jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica, Andrés De Leo.
El proyecto crea un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en Establecimientos Educativos y surge, según sus impulsores, "frente a la reiteración de amenazas de bomba y falsas alertas en escuelas, situaciones que generan evacuaciones, angustia en las familias, interrupción de clases y un importante despliegue de recursos públicos".
La propuesta establece que quienes realicen estas amenazas deberán hacerse cargo de los costos generados, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos y servicios de emergencia.
En Pilar fueron varias las escuelas en las que se recibieron amenazas días atrás, como la Escuela media 8 Tratado del Pilar, la Escuela Media y la Técnica 2 de Derqui, la escuela 31 de Monterrey y en la escuela 28 de Villa Morra entre otras.
Las multas
El monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres, tutores o responsables legales.
El proyecto garantiza el debido proceso, contemplando notificación fehaciente, derecho de defensa y un plazo para el pago voluntario. De no cumplirse, el Estado podrá avanzar por vía de ejecución fiscal a través de la Fiscalía de Estado.
La iniciativa también prevé la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos para sistematizar la información y fortalecer la prevención.
Desde el entorno de De Leo aclararon que la propuesta no introduce nuevas sanciones penales —ya contempladas en el Código Penal— sino que busca garantizar que el Estado recupere los recursos utilizados ante falsas alarmas.
"Cuidar la educación también es poner límites. Cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando", señaló el legislador.
El proyecto invita a los municipios bonaerenses a adherir y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlo dentro de los 60 días de su eventual promulgación.
