Intendentes de todo el país defendieron el derecho de fijar y cobrar una tasa a comercios y empresas, en una audiencia que se desarrolló ante la Corte Suprema de Justicia.


Se trata de Seguridad e Higiene, tributo que representa en promedio el 35% del ingreso de los municipios, que fue impugnado por la petrolera ESSO en el distrito de Quilmes.


La tasa se cobra en relación a una base imponible que tiene en cuenta un fijo según la actividad, y además se aplica un porcentaje de la facturación de esa empresa, que varía en cada Comuna.


De prosperar el reclamo de la empresa, sentaría un peligroso antecedente para el resto de las Comunas, y no se descarta un escenario en donde comiencen a caer como catarata pedidos similares y por ende se desfinancien las Comunas.


Intendentes de todo el país y de distintos partidos políticos acompañaron al de Quilmes, Martiniano Molina, entre los que estuvo el mandatario de Pilar, Nicolás Ducoté.


La empresa, en tanto, contó con el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA).


El expediente de ESSO (ahora Axion) se inició en 2002, a raíz de la aplicación de la tasa de Seguridad e Higiene por dos estaciones de servicio ubicadas en ese distrito. La empresa consideró que se excedía en sus facultades al pretender cobrarle la tasa tomando en cuenta la base imponible los ingresos brutos que declaraba ante la Provincia.


El caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía de un recurso de queja interpuesto por la demandante luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmara la desestimación de la demanda.


En el encuentro de hoy se presentaron unos 40 intendentes, bajo la figura de “amicus curiae”, como Jorge Macri, Gustavo Posse, Néstor Grindetti, Martín Insaurralde, Alberto Descalzo, Juan Zabaleta y Mariano Cascallares.


En la audiencia participaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. El juez Carlos Rosenkrantz se ha excusado de intervenir en la causa.


Los oradores principales fueron la empresa Axion; el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, y su representante legal. Pero, además, hubo expositores bajo la figura “amicus curiae” y especialistas en la materia.


"Coincidimos en que hay una presión impositiva excesiva en la Argentina que limita el accionar no solo del privado sino también del público. Pero el 84 por ciento de esa presión es en carácter nacional, 14,6 es provincial y solo el 1,4 de esa presión impositiva es municipal. Es forzado decir que la presión impositiva se explica desde los municipios", expuso Jorge Macri.


Ahora serán los jueces de la Corte los que deberán debatir si corresponde o no el cobro de la tasa bajo el mecanismo actual, algo que de denegarse le significaría a varias comunas, sobre todo a las que tienen conglomerado de empresas e industrias como Pilar, un enorme agujero fiscal.