La mujer acusada de haber participado del secuestro extorsivo seguido de muerte del adolescente Matías Berardi, cometido en 2010, se negó a declarar este lunes en el inicio del segundo debate oral que se lleva a cabo por el caso y que se realiza de manera virtual.

El debate comenzó pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, cuyos magistrados dieron por iniciado el segundo juico que se le sigue a Alexia Souto Moyano, una mujer que era menor de edad al momento del hecho y que fue absuelta en el primer juicio realizado en 2013, en el que fueron condenados otras diez personas.

Como su absolución fue revocada en 2016 por la Cámara Federal de Casación, la mujer se sentó nuevamente en el banquillo, acusada por el delito de "secuestro extorsivo seguido de muerte agravado por tratarse la víctima de un menor de edad", luego de que fracasara días atrás un intento de su defensa por acordar una pena en un juicio abreviado.

A poco de iniciarse la audiencia virtual y de que se leyera el requerimiento de elevación a juicio, la defensa planteó que el debate fuese solo de acceso a la partes y no público, al recordar que la acusada era menor de edad -tenía 17- al momento del hecho que se le imputa.

La defensora oficial Diana Bergel y el defensor de menores reclamaron que el juicio se desarrolle de manera reservada, lo que comúnmente se conoce como juicio a puertas cerradas, frente a lo cual el abogado de la familia Berardi, Eduardo Durañona, pidió que el debate sea público "para que pueda ser visto por toda la sociedad, para que entiendan cómo se cometió este crimen aberrante".

Luego de escuchar a todas las partes y tras un cuarto intermedio, el presidente del tribunal, Walter Venditti, consideró que el caso "es verdaderamente de interés publico, tiene y tuvo trascendencia mas allá de las cuatro paredes de una audiencia oral y pública", no obstante resolvió que la declaración indagatoria de la acusada y las testimoniales se realicen solo con presencia de las partes -entre las cuales están los padres de Matías-, mientras que los alegatos y el veredicto serán con difusión pública.

Tanto Juan Pabo Berardi como María Inés Daverio, padres de la víctima, asistieron virtualmente a la audiencia mientras exhibían una foto de Matías.

Con 16 años, Matías Berardi era el mayor de cuatro hermanos y cursaba el quinto año del colegio Saint George de Escobar cuando la madrugada del 28 de septiembre de 2010 regresaba de una fiesta de egresados en la Capital Federal y se bajó de una combi en Panamericana y Ruta 26 para volver a su casa en ese partido del norte del conurbano.

Según surgió de la investigación, Matías fue secuestrado allí por una banda integrada por un clan familiar -matrimonio, hijas, cuñados y amigos involucrados- que lo mantuvo en cautiverio en una casa de la avenida Sarmiento 407 de Benavídez, partido de Tigre, desde donde se realizaron los primeros llamados extorsivos a sus padres para exigirles un rescate de 30.000 pesos.

Pero tras pasar 14 horas cautivo, el adolescente logró escapar, salió a la calle y pidió ayuda entre los vecinos, a quienes les dijo que lo tenían secuestrado, pero no logró que nadie lo refugiara y la banda lo recapturó y decidió asesinarlo.

No obstante, antes de hacerlo, los secuestradores llamaron por última vez para saber cuánta plata había reunido la familia, que exigió una prueba de vida que nunca llegó.

El cadáver de Berardi fue hallado al día siguiente en un camino de tierra a 300 metros de la ruta 6, en Campana con un tiro efectuado con una pistola 11.25, que ingresó por el omóplato derecho y le ocasionó la muerte.

En el primer juicio de 2013, el TOF 3 de San Martín condenó a prisión perpetua al herrero Richard Souto y a Néstor Maidana, Damián Sack, Gabriel Figueroa y Gonzalo Álvarez.

También condenó a penas de 24 años de prisión a Ana Moyano; a 17 años de cárcel a Jennifer Souto Moyano; a 19 a Celeste Moyano; a 21 a Federico Maidana y a 18 a Elías Vivas.

Los jueces de aquel debate no pudieron comprobar que Alexia Souto Moyano, otra de las hijas de Richard Souto y Ana Moyano, haya estado en el galpón donde estuvo retenida y ocultada la víctima, por lo que la absolvieron, aunque en 2016 esa decisión fue revocada.