La policía bonaerense realizó allanamientos simultáneos en domicilios del partido de Pilar y de la localidad de San Miguel, además de la Unidad Penitenciaria N°59 de Merlo, en el marco de una investigación por estafas reiteradas mediante redes sociales, Marketplace y aplicaciones de mensajería.

La investigación fue encabezada por la UFI N°1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal y con intervención de personal de la SUB DDI de Pilar,  que derivó en una serie de operativos y aprehensiones.

Según fuentes del caso consultadas por Pilar de Todos, un hombre de 52 años, actualmente detenido en una unidad carcelaria, habría coordinado compras fraudulentas de mercadería utilizando comprobantes apócrifos enviados por WhatsApp.

Una mujer de 58 años habría actuado como colaboradora externa, mientras que otro hombre de 29 años fue aprehendido por presunta participación en la operatoria.

La denuncia inicial fue presentada por representantes de una empresa de alimentos congelados con sede en Grand Bourg, quienes informaron que el 28 de noviembre se entregaron 40 cajas de productos de la marca Franui valuadas en más de $4,9 millones en la localidad de La Lonja, de Pilar, tras recibir un comprobante que luego resultó falso.

A partir de relevamientos de cámaras municipales y privadas, personal policial logró ubicar un domicilio ubicado sobre calle Presidente Derqui, en La Lonja, donde se habría descargado y redistribuido la mercadería. Allí, durante un allanamiento, se secuestraron nueve teléfonos celulares y una herramienta tipo desmalezadora/bordeadora obtenida mediante el mismo modus operandi.

En ese operativo, los investigadores detectaron además un hecho en curso: la entrega de cuatro cañas de pesca valuadas en $550.000, que un comerciante iba a dejar en el domicilio tras recibir instrucciones por WhatsApp. La fiscalía ordenó el secuestro inmediato del equipamiento de pesca.

Con análisis de comunicaciones, geolocalización y apertura de líneas telefónicas, se determinó que las llamadas y mensajes se originaban desde una dependencia penitenciaria.

Con esa evidencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó nuevos allanamientos, que permitieron el secuestro de teléfonos celulares, chips, un dispositivo posnet y un vehículo marca BMW modelo 335i, presuntamente adquirido mediante enriquecimiento ilícito.