El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vicentis, jefe de seguridad de Nordelta, por su presunta colaboración con la familia Kovalivker, investigada en la megacausa de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que compromete a funcionarios y empresarios del sector farmacéutico.
De Vicentis fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. El juez le trabó además un embargo de dos millones de pesos. Según la resolución, el jefe de seguridad desplegó “maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial” que apuntaba a requisar a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y secuestrar sus teléfonos celulares.
El operativo en Nordelta
La noche del 21 de agosto, cuando la Policía de la Ciudad se presentó en el barrio La Isla, De Vicentis estaba de vacaciones, pero intervino: comenzó a llamar de manera insistente a los guardias, pese a que se les había ordenado no usar sus celulares durante el procedimiento.
Minutos después, Jonathan Kovalivker salió del country a bordo de un Audi S3 y logró evitar la requisa. Su hermano Emmanuel fue interceptado cuando intentaba huir en su auto con sobres que contenían 266.000 dólares y siete millones de pesos. En la vivienda de Jonathan, los efectivos hallaron una caja fuerte abierta y vacía, junto a banditas elásticas en el piso.
El fallo describe además que cuatro patrulleros de la Policía Bonaerense llegaron al lugar, convocados por el área de seguridad de Nordelta bajo la falsa denuncia de que “personas no identificadas” intentaban realizar un procedimiento sin orden judicial. Los móviles se retiraron una vez comprobada la legalidad de la medida.
El “modus operandi”
Las pruebas centrales fueron los mensajes hallados en el celular de De Vicentis. En uno de ellos escribió: “Reitero sea la fuerza de seguridad que fuere, nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”. Para Casanello, esos chats revelan “una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad”.
En otro mensaje, enviado al grupo de supervisores tras los allanamientos, De Vicentis insistió: “Nadie facilita nada y nadie deja entrar a ninguna oficina, si en la documentación no está especificado el lugar”. Y remató: “Si creen estar en fuerte apache o en algún otro lugar parecido, se confunden”.
Indagatoria y decisión
En Comodoro Py, De Vicentis reconoció su intervención aunque sostuvo que su objetivo fue corroborar la validez de la orden judicial y la actuación de los policías. Para el juez, en cambio, su posición como jefe de seguridad le permitió “advertir en tiempo real la presencia de la fuerza pública, identificar el lote objeto de la medida y transmitir instrucciones al personal”, lo que derivó en la fuga de Jonathan Kovalivker y en la frustración parcial del operativo.
Además de procesarlo, Casanello declaró su incompetencia territorial y remitió la causa a la justicia federal de Tigre, donde ocurrieron los hechos. (DIB)
