La Cámara Federal porteña confirmó hoy la falta de mérito para los exfuncionarios del Gobierno de Cambiemos Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías en la causa que investiga presuntos delitos en la renegociación de los peajes de autopistas entre 2016 y 2018.


La decisión fue tomada por mayoría, con los votos de los jueces del Tribunal de Apelaciones Martín Irurzun y Eduardo Farah y la disidencia de Roberto Boico, quien votó por revocar la falta de mérito, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Télam.


Boico votó en minoría por revocar la falta de mérito y ordenarle a la magistrada que defina situaciones procesales.


"Tras el arribo de las nuevas autoridades elegidas en el sufragio del 2015, se advierte la existencia de un acuerdo entre funcionarios públicos y los empresarios que explotaban los Accesos Norte y Oeste con propósitos de obtener mayores beneficios que los contemplados en la ley y el contrato de concesión, en detrimento del Estado Nacional y de los usuarios de peajes", advirtió el camarista.


En su voto mayoritario, los jueces Irurzun y Farah ratificaron la falta de mérito que dictó la jueza federal María Eugenia Capuchetti y le encomendaron concluir con "celeridad" la prueba pendiente en el caso, para volver a evaluar la situación de los imputados.


"La investigación está activa y la magistrada que la dirige se hizo cargo de esa tarea una vez anulados los procesamientos que había dictado el juez que antes intervenía", explicaron en alusión al jubilado magistrado Rodolfo Canicoba Corral.


"Desde entonces fue y sigue recibiéndose prueba relevante sobre el caso, que está siendo analizada por los medios pertinentes", agregaron.


Hasta el momento la evidencia " no alcanza" para procesar a los imputados, concluyeron.


Las medidas que se ordenaron "tienen relación directa con esos interrogantes concretos -aún en pie-, que se vinculan a cualquiera de las alternativas de encuadre que se esgrimieron desde un inicio" y "a la presunta responsabilidad asignada a cada uno de los implicados (algunos indagados, otros convocados a esos efectos), cuyos casos, eventualmente, deben ser analizados conjuntamente".


"Frente a ello, la opción por un temperamento expectante es razonable, hasta tanto se cuente con un panorama lo suficientemente completo como para expedirse con sustento suficiente, en un sentido incriminante", agregaron los dos jueces.


Entre las medidas pendientes está un peritaje que ordenó la jueza.


La investigación se abrió por denuncia en junio de 2019 de los diputados nacionales Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade.

La denuncia fue impulsada por la fiscalía que imputó a los exfuncionarios del macrismo y dispuso "determinar si en el procedimiento de renegociación integral del contrato de concesión" del acceso Norte de la ciudad autónoma de Buenos Aires entre 2016 y 2018 entre la firma Autopistas del Sol S.A. y el Ministerio de Transporte de la Nación-, existió por parte de alguno o algunos de los funcionarios públicos intervinientes la exteriorización de un interés en miras de un beneficio propio y/o de terceros".


Asimismo ordenó una serie de medidas de prueba para reactivar la causa que investiga las presuntas maniobras fraudulentas que beneficiaron a Abertis, una corporación ligada a las concesiones viales en todo el mundo, y al Grupo Macri en los peajes de los principales accesos a Buenos Aires.


También reclamó investigar si hubo "una violación de los deberes a su cargo con el fin de procurar para sí o para la empresa concesionaria un lucro indebido defraudando las arcas estatales cuyo manejo, administración o cuidado les competía”.


Con posterioridad, la fiscalía amplió la pesquisa a “presuntas maniobras de lavado de activo" y "posibles maniobras para la inserción en el mercado formal de los beneficios económicos y/o fondos presuntamente espurios que resultaren producto de los hechos que componen el objeto procesal".