Martes, 16 Marzo 2021 21:46

La Justicia ratifica la clausura de las termoeléctricas

La Cámara Federal concordó con una decisión del Juzgado Federal de Zárate - Campana, donde se ordenaba el cierre de las plantas mientras avance el Juicio que iniciaron vecinos para que se erradiquen las empresas, por considerarlas contaminantes.

La Cámara Federal de San Martín ratificó las clausuras de las termoeléctricas Araucaria y APR Energy, radicadas en Pilar, en medio de una fuerte polémica vecinal, hace 3 años.

 

La Cámara hizo a lugar a una decisión en primera instancia del Juzgado Federal de Zárate - Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien había ordenado el cierre preventivo de las plantas, ubicadas en Villa Rosa, hasta tanto se determine si son contaminantes, como sostienen agrupaciones de vecinos y ambientalistas.

 

La Cámara, originalmente, había rechazado sostener la medida de Charvay, pero la apelación de los vecinos llegó la Corte Suprema de Justicia, donde se instó a la Cámara a que realice un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta todos los elementos.

 

El abogado ambientalista Gustavo Madeira, uno de los denunciantes, explicó que «ambas centrales térmicas quedan clausuradas preventivamente en virtud de los principios precautorio y preventivo, mientras dure la tramitación del juicio principal en donde se solicita la erradicación».

 

«Uno de los fundamentos principales es la que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires hicieron un análisis de los proyectos en forma individual, sin contemplar el efecto acumulativo que podría tener sobre el medio ambiente la operación simultánea de ambas empresas, así como también la falta de habilitación Municipal en el caso de Araucaria Energy», explicó Madeira.

 

Desde su instalación, los vecinos vienen señalando que las empresas son potencialmente contaminantes para el medio ambiente, además de haber sido radicadas, tras un polémico cambio de zonificación avalado por el Concejo Deliberante en 2017, respaldado por Cambiemos y bancadas aliadas.

 

Los habitantes de la zona aducen que las empresas hacen un uso intensivo del agua de pozo, emanan gases contaminantes y generan ruidos molestos, esto último varias veces denunciado ante las autoridades.

 

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