viernes 17, diciembre 2010

Visto bueno de Diputados de la provincia para evitar el desalojo de familias estafadas con terrenos en “Los Cachorros”

A instancias de la Coalición Cívica se aprobó un proyecto de Ley que declara esas parcelas de utilidad pública, y abre la posibilidad de que sean vendidos a los actuales ocupantes. Aún falta el respaldo del Senado. Revés para el oficialismo y parte de la oposición en el HCD de Pilar, que había dicho que no a una propuesta similar.

Diputados de la Provincia de Buenos Aires le dio el visto bueno a un proyecto que busca declarar de utilidad pública terrenos en Los Cachorros.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires le dio el visto bueno a un proyecto que busca declarar de utilidad pública terrenos en Los Cachorros, en Del Viso, y así evitar el desalojo de unas 5 familias que fueron estafadas.
El proyecto, impulsado a instancias de la legisladora de la Coalición Cívica Liliana Piani, establece declarar de “utilidad pública y sujeto a expropiación, los inmuebles ubicados en el Barrio "Los Cachorros" del partido de Pilar (…)”. A su vez, determina que “los inmuebles citados serán adjudicados en propiedad a título oneroso y por venta directa a sus actuales ocupantes con cargo de construcción de vivienda propia”.
Según el texto de la propuesta, “la adjudicación será de un lote por núcleo familiar y su dimensión garantizará condiciones mínimas ambientales y de habitabilidad” mientras que “el monto total a abonar por cada adjudicatario estará determinado por el costo expropiatorio”.
“Los adjudicatarios abonarán cuotas mensuales que no podrán exceder el diez (10) por ciento de los ingresos del núcleo familiar. El plazo (de pago) se convendrá entre el Estado y los adjudicatarios, no pudiendo ser inferior a diez (10) años, ni superior a veinticinco (25) años”, señala uno de los artículos del texto.
Los destinatarios de los inmuebles, para ser tenidos en cuenta como tal, deberán “acreditar una ocupación efectiva del inmueble, la cual no podrá ser inferior a dos (2) años; no poseer, ninguno de los miembros del grupo familiar, inmuebles a su nombre, ni ser beneficiarios de otra vivienda bajo cualquier otro régimen”.
A su vez, serán obligaciones de los adjudicatarios “destinar el inmueble a vivienda familiar; construir la vivienda propia sobre el terreno adjudicado en el plazo de cinco (5) años, a partir de la fecha de adjudicación (el plazo que podrá ser ampliado por el Organismo de Aplicación en casos debidamente justificados; no enajenar, arrendar, transferir o gravar total o parcialmente, ya sea a título oneroso o gratuito, el inmueble objeto de la venta, por un plazo de diez (10) años”; y “cumplir con las obligaciones fiscales que graven el inmueble desde la fecha de adjudicación”.
En los fundamentos, el proyecto presentado por Piani señala que “el fallo del Juzgado Civil y Comercial de San Isidro Nº 11, ordena el desalojo del predio donde se encuentran viviendo 5 familias que habitan allí desde hace 6 años, luego de haber comprado 2 terrenos”. Y que dichas familias “han sido compradores de buena fe habiendo radicado la denuncia correspondiente por estafa en la fiscalía de Pilar contra la persona que les vendiera el terreno (…)”.
La propuesta, que hace referencia a la necesidad del acceso a la vivienda y a otros fallos de expropiación similares, tuvo uno similar en el Concejo Deliberante de Pilar, cuando la concejal de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, intentó que sus pares avalen una idea casi idéntica.
Sin embargo, el bloque de concejales oficialistas y casi toda la oposición, la rechazó, al considerar, al menos según las palabras de la jefa de bancada Z, Liliana Alfaya, que “se le estaba mintiendo a la gente, vendiendo falsas expectativas”.
Alfaya insistió en varias oportunidades en que medidas similares jamás prosperaron, y que cuando lo hicieron años después la Justicia retrotrajo la situación y a fin de cuentas la gente se tuvo que ir de los terrenos.
Campagnoli adujo que no en todos los casos hubo fallos de la Justicia en ese sentido, en este caso de la Suprema Corte provincial. Sin embargo sus argumentos no alcanzaron para que casi todo el Concejo le dé la espalda a las necesidades de los vecinos.
Ahora la media sanción de Diputados es un elemento clave para congelar el desalojo, aunque el final de esta historia aún está abierto.








 
 
 
 
 
 
 



 
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